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Publicado en Expansión

Lunes 1 de febrero de 2010

Asisto con perplejidad a la confusión que se está generando en la ciudadanía y al sesgo político con el que en determinados casos se está gestionando el proceso de integración de cajas de ahorro. 

Me  refiero a que el criterio básico que ha de presidir dichos procesos no debe ser otro que el del interés de los clientes de las entidades y el de los ciudadanos de sus territorios de origen.

Para defender dichos intereses con eficiencia no existe una única fórmula. Se barajan dos posibilidades, las fusiones entre cajas de una misma región, o fusiones plenas, y las alianzas entre cajas de distintas comunidades a través de los llamados SIP.

Un SIP no es más que un contrato que permite regular, y por tanto preservar si se articula adecuadamente, la autonomía de los órganos de gobierno de las cajas que se integran, su contribución y vinculación territorial, su obra social, etc. y al mismo tiempo optimizar la solvencia, el rating , la viabilidad y la competitividad futura. 

Lo anterior quiere decir que salvaguardar debidamente la “esencia” de las cajas y los intereses de sus clientes y territorios no depende tanto del instrumento jurídico que se escoja –fusión plena o SIP- como de poner el foco en lo mejor para cumplir con los objetivos de sostenibilidad del negocio. Por cierto, me consta sobradamente -que en la mayoría de los casos- son los Órganos de Gobierno y los profesionales de las Cajas los más interesados en defender y mantener un modelo de negocio que se ha demostrado eficiente, cercano al cliente y paradójicamente a las nuevas tendencias que pretenden asegurar que el sector financiero responde a las necesidades de los ciudadanos y de los clientes.

No tiene por tanto ningún sentido, buscar en las posiciones de los Órganos de Gobierno de las Cajas respecto a los procesos de fusión en marcha veleidades o subterfugios de “deslocalización” o “bancarización”.

En cualquier caso, para valorar la idoneidad de un proyecto de integración, más importante que el instrumento jurídico utilizado, es si tiene o no que acudir al FROB. Si bien el FROB es un instrumento necesario para financiar los costes y apuntalar la solvencia de algunas integraciones, no deja de significar una muestra de debilidad inicial y de utilización de recursos públicos - ciertamente onerosos - en un momento en el que escasean.

Por las razones anteriores, no deja de ser paradójico que en algunos territorios, como podría ser el caso de Galicia, se apueste desde el gobierno regional por una fusión entre cajas que “resta”, y se demonicen soluciones alternativas que, si son correctamente tratadas, “suman”, permiten mantener las “esencias” referidas, la autonomía y la capacidad de decisión y no acudir al FROB.

Si además, de lo que se trata es de que las cajas no sólo sean más competitivas, sino de su despolitización, los criterios de política partidista deberían claramente pasar a un segundo plano.

Lo mejor para las cajas, es lo que resulte mejor para sus clientes, y los criterios que deben presidir las decisiones deben estar impregnados de la máxima profesionalidad.

Conviene por tanto -al tratarse de procesos que siendo urgentes, están en muchos casos en ciernes- profundizar desde una mayor transparencia en lo mejor para los clientes y para el tejido productivo. Lo demás es accesorio, y como hemos querido poner de manifiesto, solucionable. 

Afortunadamente disponemos de herramientas, fórmulas de contratación y expertos cualificados, para aspirar a las soluciones más idóneas, sostenibles en el tiempo, buenas para la ciudadanía, y lo que es más importante, para la seguridad de nuestros ahorros y de la calidad de la oferta crediticia, que es de lo que se trata